El sector de la discapacidad intelectual lanza un SOS al Gobierno de Aragón

  • Las 40 entidades pertenecientes a Plena inclusión Aragón alertan de la delicada situación financiera que atraviesan y piden soluciones urgentes para poder mantener los servicios y apoyos que garantizan los derechos de este colectivo y sus familias

  • Solicitan una compensación por los sobrecostes derivados de las medidas para contener la covid-19 que, en octubre, ascendían ya a 900.000 €, a los que hay sumar 500.000 más dejados de percibir por las plazas en reserva, y otros 700.000 € por los atrasos en la aplicación de la subida de los conciertos de las plazas

Plena inclusión Aragón, la asociación mayoritaria de organizaciones sin ánimo de lucro que atienden a las personas con discapacidad intelectual en la comunidad autónoma, lanza un SOS al Gobierno de Aragón para alertar de la delicada situación que atraviesan sus 40 entidades. Dicha situación requiere de soluciones urgentes para poder mantener los servicios y apoyos que prestan a estas personas y sus familias.

Estos servicios son fundamentales para asegurar una vida digna a las personas con discapacidad intelectual y su entorno familiar. Y son también la garantía de los derechos subjetivos que este colectivo tiene reconocidos a través de la Ley de Servicios Sociales de Aragón y que, por ello, son inalienables.

Estas entidades se han visto muy afectadas por la crisis provocada por la pandemia, que ha agravado la complicada situación financiera que ya venía arrastrando el sector desde la anterior crisis económica, lastrado por los recortes que ya sufrió en su día. A ello hay que añadir las subidas salariales fruto del convenio colectivo sectorial y del incremento del salario mínimo interprofesional, que nunca se han visto reflejadas en la financiación que perciben las organizaciones de la discapacidad como prestadoras de servicios públicos. Por si esto fuera poco, la implementación de medidas de higiene y seguridad en los centros para contener el coronavirus (bajada de las ratios de atención, refuerzos de limpieza, etc.) ha requerido de la ampliación de las plantillas de profesionales.

También ha habido que aumentar los recursos materiales para la transformación y adecuación de instalaciones y espacios, la prestación de servicios como transporte o comedor o la adquisición de equipos de limpieza y de protección e higiene personal. Todo ello está suponiendo un incremento sin precedentes sobre las previsiones de gasto.

Al mismo tiempo, han caído los ingresos procedentes de las aportaciones que hacen las personas que disfrutan de plazas concertadas en los centros, especialmente en las residencias, debido a aquellos usuarios que se han trasladado a su hogar familiar durante estos meses de pandemia. Unas plazas concertadas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) que ya de por sí estaban infrafinanciadas, y cuya dotación no ha aumentado pese al incremento de los gastos, como tampoco lo han hecho los conciertos y subvenciones que financian el resto de los servicios a las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

En paralelo, han decaído otras vías de ingresos de algunas de las entidades del sector, como por ejemplo aquellas que tienen centros especiales de empleo, cuya actividad ha bajado considerablemente.

En concreto, las entidades de Plena inclusión Aragón ya trasladaron al Gobierno de Aragón, el pasado 31 de octubre, que las medidas aplicadas en sus centros para hacer frente a la expansión de la covid-19 sumaban en conjunto unos sobrecostes de 900.000 euros. A su vez, los ingresos dejados de percibir por estas organizaciones, especialmente en las residencias, debido a la reserva de plazas para aquellos usuarios que las tienen concertadas con el IASS, pero optaron por trasladarse voluntariamente al hogar familiar durante los meses más duros de la pandemia, ascienden a 500.000 euros.

A ello hay que sumar más de 700.000 euros por los atrasos acumulados en los plazos de aplicación del incremento de los conciertos de las plazas desde 2019 a 2021. Estas subidas, anuales, fueron pactadas en el año 2019 a través del CERMI que, en representación de todas las entidades aragonesas de discapacidad, suscribió un protocolo con el IASS para los tres años siguientes. En 2019 fueron cuatro meses de retraso, de junio a septiembre; en 2020, la subida se demoró los tres primeros meses del año; y, en 2021, el aumento del coste por plaza no ha entrado en vigor hasta mayo; con lo cual, en tres años, se acumulan once meses de retrasos, en los que el precio de las plazas concertadas no se ha actualizado a tiempo.

Las entidades sin ánimo de lucro del tercer sector gestionan la práctica totalidad de la cartera de servicios sociales especializados de atención integral a la discapacidad intelectual, y han demostrado durante la emergencia sanitaria que lo hacen con compromiso, con profesionalidad y poniendo los intereses de estas personas, a lo largo de todo su ciclo vital, por encima de cualquier otra cosa. Además, lo hacen desde el arraigo territorial, generando empleos cualificados, estables y que no se pueden deslocalizar, ayudando a luchar contra el desempleo y la despoblación, especialmente en el medio rural aragonés.

El sobreesfuerzo que llevan soportando durante más de un año es insostenible. La Administración no puede seguir actuando como si este colectivo estuviera en condiciones de seguir apañándoselas solo, en medio del temporal más intenso del último siglo. Las entidades de la discapacidad intelectual tienen cada vez menos margen de maniobra.

Por todo ello, las 40 entidades de atención a la discapacidad intelectual agrupadas en torno al movimiento asociativo de Plena inclusión Aragón instan al Gobierno de Aragón a recoger sus demandas:

1. Financiación adecuada para el mantenimiento de los servicios.

2. Compensación por el sobrecoste soportado a causa de la covid-19, en unos recursos que están siendo muy necesarios para afrontar esta pandemia.

3. Sostenibilidad de la nueva realidad de los servicios.

4. Un plan de reconstrucción urgente, que tenga en cuenta las transformaciones pertinentes en los modelos de atención y apoyos a las personas con discapacidad y sus familias, que este sector ya venía reclamando hace tiempo, pero cuya necesidad de implantación ha evidenciado y acelerado la pandemia.

5. Dignidad para las plantillas, que han demostrado su profesionalidad y su compromiso con las entidades, las personas con discapacidad y las familias; una dignidad que no se quede en meras palabras, sino que se traduzca también en su salario, ya que este sector, pese a ser esencial, tiene uno de los convenios más bajos del mercado laboral.

6. Dignidad para las familias, que en esta pandemia se han sentido solas y desatendidas por la Administración, dotándolas de medios para poder llevar a cabo un acompañamiento que es cada vez más necesario, a través de programas o servicios que les demuestren que no están solas.


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